13 de enero de 2019

REDLAD reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela y su presidente

Diputado Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela

13 de enero de 2019

Venezuela no sólo vive hoy por hoy su más grave crisis política y social sino que además tiene un vacío institucional que se produjo a partir de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de primero desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, con mayoría de partidos de oposición, haciendo un llamado ilegal a una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 sin cumplir con ningún requisito de sus normas vigentes. Segundo, convocando a elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025 el 20 de Mayo de  2018, las cuales son nulas por violación de principios constitucionales e internacionales relativos a las garantías de los derechos electorales, la transparencia en el proceso y por cuanto su convocatoria se hizo por un órgano sin competencia y fuera del plazo constitucionalmente establecido. Así lo han reconocido la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el MERCOSUR y el Grupo de Lima.

Dado que la representación de la soberanía popular recae en la Asamblea Nacional elegida legítimamente en 2016, le corresponde a dicho órgano legislativo trazar la ruta para llenar el vacío institucional, mediante sus competencias legales, asumiendo las funciones del poder ejecutivo por parte de sus órganos directivos. Lo anterior posibilitará iniciar un proceso que lleve a la renovación de los poderes públicos y a restablecer el orden constitucional quebrantado por el vacío institucional existente, así como la reparación de los derechos políticos en Venezuela, que ha sido constatado por expertos independientes de la OEA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas.

Por lo anterior, y haciendo caso de la Constitución venezolana de 1999 legítima y vigente y a los principios de la Carta Democrática Interamericana, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) reconoce nuevamente la legitimidad de la Asamblea Nacional y del presidente interino de la República, diputada Juan Guaidó.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso en colaborar para la búsqueda soluciones políticas y pacíficas a la actual crisis que vive Venezuela.
 

5 de enero de 2019

REDLAD respalda al Grupo de Lima


5 de enero de 2019

Como plataforma de organizaciones y activistas de América Latina y el Caribe que defiende y promueve los derechos humanos de todas las personas, sin ningún distingo, celebramos una vez más y respaldamos el más reciente pronunciamiento del Grupo de Lima, instancia intergubernamental del hemisferio, en la que se rechaza la instalación de un nuevo período presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela y no reconoce la legitimidad de dicho mandatario. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo a buscar soluciones políticas, pacíficas y dialogadas a la cada vez más grave crisis que vive el hermano pueblo venezolano.

Por lo anterior, hacemos énfasis en el numeral 6 de la Declaración del Grupo de Lima, fechada el 4 de enero de 2019, en la quemanifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas”.

Como sociedad civil seguimos en disposición de colaborar en lo que sea menester para encontrar dichas soluciones que protejan siempre el bienestar de los habitantes de Venezuela. Por lo tanto, instamos también a los trece gobiernos firmantes de la declaración, al resto del continente y del mundo a que las medidas que se tomen para frenar al gobierno autoritario de Maduro propendan por la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.

¡Venezuela nos necesita!

17 de diciembre de 2018

#SOSNicaragua - Llamado a la acción: ataque frontal contra la Sociedad civil y la prensa

NICARAGUA:
Llamado a la acción: ataque frontal contra la Sociedad civil y la prensa
(17 de diciembre de 2018)

La Red Latinoamericana por la Democracia, el Foro Ciudadano de las Américas y el Comité Directivo del Movimiento Mundial por la Democracia, desea llamar su atención sobre el ataque frontal que el régimen de Ortega, en Nicaragua, ha ejercido en los últimos días contra organizaciones de la sociedad civil, actores sociales y medios independientes.

Hace unos días la Asamblea Nacional decidió cancelar la personería jurídica de algunas importantes organizaciones sociales que no sólo tienen un trabajo de años en materia de derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, sino que han sido críticas del gobierno Ortega. Algunas de ellas son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, CISAS, IPADE, CINCO, Instituto de Liderazgo de las Segovias y Fundación del Río.

Sin embargo, las represalias no se han limitado a la censura de su trabajo sino a la violencia física. El día viernes 14 de diciembre, esas mismas organizaciones y el medio de comunicación Confidencial han alertado cómo la Fuerza Pública ingresó a sus respectivas instalaciones para adelantar allanamientos arbitrarios y sin razón alguna.

Lo anterior, es una muestra de la grave crisis social y política por la que atraviesa Nicaragua y que viene lesionando las libertades individuales y derechos humanos de su ciudadanía. Según el CIVICUS Monitor, el estado del espacio cívico tiene una calificación de “Represivo” puesto que el “el ejecutivo ha podido seguir este curso de acción gracias a una mayoría del Congreso disciplinada y un poder judicial altamente partidista. La libertad de expresión está altamente vulnerada debido a la construcción de un imperio mediático en manos de la familia del presidente, la disciplina de los medios críticos mediante la asignación arbitraria de publicidad estatal, el secreto extremo y un control estricto sobre el flujo de información pública”.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en informe de julio de 2018, advierte que para ese entonces “la acción represiva del Estado ha dejado al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio,  así como cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.

En general, Nicaragua maneja índices de violencia política y represión policial e institucional que se pueden comparar con los de una dictadura y no con los de un país en democracia.

¡LLAMADO A LA ACCIÓN!

Las organizaciones mencionadas, sus miembros y aliados en el mundo, hacen un llamado a:

1. Las naciones miembros de Naciones Unidas, respetuosos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por lo tanto se han comprometido a “asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales” incluyendo los derechos de pensamiento libre, a una justicia independiente e imparcial, al trabajo; las libertades de opinión y de expresión, libertad de reunión y de asociación pacíficas; y las prohibiciones de detención arbitraria, privación arbitraria de la propiedad, injerencia arbitraria en asuntos personales, ataques a su honra o a su reputación. Todos, derechos, libertades y prohibiciones, están siendo violados en Nicaragua en este momento.

2. Las naciones que a su vez son miembros la Organización de Estados Americanos, firmantes de la Carta Democrática interamericana, que les obliga a promover y defender el derecho a la democracia consagrado para todos los pueblos de América, incluyendo los derechos humanos y las libertades fundamentales como elementos esenciales de la democracia representativa, y el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.

3. Las naciones que hacen parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, respetuosos de la Declaración de Varsovia y de los Estándares de la Sociedad y por lo tanto se han comprometido:

- Coordinar efectivamente los esfuerzos para proteger y fortalecer la sociedad civil.
- Oponerse a cualquier política y práctica que obstaculicen a la sociedad civil.
- Realizar acciones diplomáticas coordinadas, siempre que sea necesario apoyar el espacio de la sociedad civil en los países, que lo amenacen.
- Defender las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, sin discriminación de ningún tipo

En virtud de dichos compromisos, se les solicita considerar las siguientes acciones:

A. Exigir a Daniel Ortega y otras instituciones del régimen de gobierno:

- Cesar la represión contra las organizaciones sociales y sus miembros;
- Devolver la personería jurídica a las organizaciones a las cuales les fue cancelada;  
- Devolver los elementos que le fueron confiscados a las organizaciones allanadas;
- Resarcir el daño físico realizado en tales allanamientos.

B. Exigir a la Organización de Estados Americanos y sus países miembros:

- Que su Secretario General adelante acciones contundentes de rechazo a la situación de represión de sociedad civil y vulneración de la democracia en el país, así como de manera tan férrea ha hecho con otros regímenes dictatoriales en la región.
- Atender los principios de la Carta de la OEA, en concordancia con la cláusula democrática, y suspender la participación de Nicaragua en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

C. Compartir este llamado con otras redes y misiones diplomáticas, para buscar acciones diplomáticas conjuntas y solidarias.

Las vidas y dignidad de miles de personas, así como la defensa de la ciudadanía, la sociedad civil y las instituciones democráticas, no sólo de Nicaragua, de toda la región, dependen de esto.  

13 de diciembre de 2018

ALERT: the Nicaraguan State represses social organizations


National Assembly

December 12, 2018

Nicaragua is still in a political crisis and state repression against civil society and its citizens is deepening.

Between the end of November and during the first days of December, the National Assembly has decided, authoritatively, to cancel the legal status of several social organizations that have done important work in the country and that have been critical of the current government.

Among these organizations, persecuted by the regime of Ortega and his party, are Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) and Hagamos Democracia.

The above demonstrates that there are currently no intentions of democratic dialogue on the part of the government and its allies to overcome the current crisis and that, on the contrary, political and institutional reprisals by the ruling elite against anyone who dares to criticize them.

Taking into account this situation, from the Latin American and Caribbean Network for Democracy (REDLAD):

- We demand that both the National Assembly and the other Nicaraguan state authorities cease their persecution of the critical organizations and activists of the government, and restore the legal personality that has been canceled.
- Urges the government of Daniel Ortega to undertake a true broad and democratic dialogue with all sectors of civil society for the welfare of the country and its inhabitants.

- Requests the international community, multilateral institutions and civil society from all Latin American countries to support the work that Nicaraguan organizations have done to strengthen democracy and defend human rights.