4 de junio de 2015

Pronunciamiento de INREDH ante la candidatura de Patricio Pazmiño a la CIDH

Estamos a días de que el Estado Ecuatoriano, en el marco de su campaña en contra del Sistema Interamericano, imponga a Patricio Pazmiño como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos y acudimos al Sistema Interamericano es motivo de preocupación que la Corte IDH empiece a integrarse de manera política, por personas que están lejos de contar con las calificaciones para conformar el más alto tribunal de justicia de América.

El señor Pazmiño ha sido una figura polémica en nuestro país. Ocupó el cargo de vocal del Tribunal Constitucional de Ecuador, luego de la destitución de los miembros de dicho tribunal. Al entrar en vigencia la Constitución de 2008, dirigió el Tribunal que se autoproclamó Corte Constitucional en lugar de abandonar sus cargos para dar paso a la elección de miembros aptos para ser parte de este nuevo tribunal.

La administración de Pazmiño en la Corte Constitucional también ha sido polémica. Aunque no se demostró en proceso penal, existió una investigación iniciada por el ex-Fiscal General del Estado por las denuncias en contra de los miembros de la Corte por recibir sobornos en el caso de la Cervecería Nacional (http://www.elcomercio.com/…/pol…/no-se-mete-alfiles-del.html); sin embargo, el nuevo fiscal retiró la instrucción sin que un juez penal pueda analizar el proceso.

Además, la Corte Constitucional en manos de Pazmiño ha sido totalmente funcional al régimen del Presidente Correa. En temas clave como la inconstitucionalidad de la ley de minería (cuyo juez ponente fue Pazmiño), la Corte determinó que a pesar de existir violación del derecho a la consulta pre legislativa, el Ecuador estaba en un régimen de transición donde las normas se flexibilizaban a favor del Legislador; lo que equivale a decir que se pueden violar la normativa constitucional. La sentencia ordena que a partir de su emisión se debe realizar consultas pre legislativas a los pueblos indígenas cuando una normativa les afecte de acuerdo a los parámetros determinados por la propia Corte. No sólo que dichos parámetros no han sido implementados, sino que la Corte no ha tomado acciones para hacer valer su propia sentencia.

Por otro lado, las propuestas de reformas constitucionales del Presidente han sido aprobadas para que se realicen sin seguir los canales determinados por la Constitución, mediante interpretaciones hechas a la medida y rechazadas por los principales juristas del país (reformas que se debían hacer mediante una Asamblea Constituyente se hicieron mediante consulta popular y reformas que debían pasar por consulta popular se harán por medio de la Asamblea Nacional). Es la Corte de Pazmiño la que permitirá que se decida la reelección indefinida del presidente en una Asamblea Nacional en la que el partido de Correa tiene la mayoría, sin siquiera consultar a la ciudadanía.

Además de denuncias de corrupción y de falta de independencia, la Corte de Pazmiño ha sido ineficiente. La Constitución de 2008 establece que la Corte puede seleccionar sentencias de garantías jurisdiccionales para generar jurisprudencia obligatoria en materia de derechos humanos. En siete años de funcionamiento la Corte ha emitido 3 sentencias, ninguna de ellas sobre temas apremiantes en materia de derechos humanos como la libertad de expresión y la independencia judicial, temas sobre los cuales existen varias acciones constitucionales litigadas en cortes inferiores. En este sentido, la Corte Constitucional, al mando de Pazmiño, se ha ganado el triste epíteto de “congeladora”, lo que da cuenta de la desconfianza que tiene la ciudadanía en su accionar.

Finalmente, la carrera profesional de Pazmiño está lejos de tener la altura de los juristas que deberían integrar el tribunal en el que se han sentado Cançado Trindade, Niken, Piza Escalante, Buergenthal, Nieto, Fix-Zamudio, Pacheco, Salgado Pesantes, Ventura, Medina, entre otros nombres de juristas que han hecho de la Corte Interamericana un tribunal con una jurisprudencia técnica y de altísima respetabilidad. Los y las ecuatorianas tenemos excelentes juristas que podrían acompañar nombres tan destacados con el de Raúl Eugenio Zaffaroni en las próximas elecciones.

Es motivo de preocupación la elección de Pazmiño para este alto tribunal. Lo que en circunstancias normales sería un mal candidato que no alcanzaría a competir por votos frente a juristas con suficiente recorrido, su elección es ahora casi un hecho. Los votos parecen estar negociados entre los Estados y la elección ya está decidida, a menos que todos y todas actuemos, exijamos una elección de jueces transparente, con debates públicos, hojas de vida y calificaciones de idoneidad.

Por estas razones, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, como una de las principales organizaciones del país en este ámbito, rechaza tajantemente esta candidatura e insta al Sistema Interamericano a no dejarse imponer una candidatura de este estilo; además hace un llamado a todas las personas de América que tienen la posibilidad de incidir en este alto tribunal de justicia, para que dirijan comunicaciones a sus ministros de relaciones exteriores y exijan que el voto de sus Estados sirvan para fortalecer el tribunal supremo americano y no para dar paso al circo en el que el gobierno ecuatoriano desea convertir al Sistema Interamericano apoyando candidaturas de esta naturaleza.

Recordemos que el Sistema Interamericano es el ente encargado de defender en última instancia los derechos humanos de nuestros pueblos.

Por el Consejo Directivo de INREDH