Se reúne el Consejo Coordinador

En esta reunión se ratifica a Rosa Quintana como Coordinadora General interina y se incorpora a Hernando Viveros como Coordinador de Sub Región Norte.

Avances en la Coordinación de Pueblos Originarios

Encuentro en ciudad de Panamá.

Avances en Coordinación Afro

Reunión con representantes de organizaciones que trabajan en temas de salud de afrodescendiente en la región.

Incidencia ante la OEA

Preparación para la Cumbre de las Américas

29 de enero de 2015

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia Condena los Ataques de Rafael Correa a activistas de Redes Sociales

29 de enero 2015.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la afirmación de Rafael Correa, días atrás durante su programa de televisión de los días sábados, sobre que ha iniciado "la batalla por la dignidad en las redes sociales" y la amenaza de revelar la identidad de cualquier usuario que lo critique en redes sociales por presuntamente abusar del anonimato y la libertad que da el Internet.

Además, Correas invitó a sus seguidores a entregar la identidad de estas personas para que así, él pueda presentarlos en su espacio para que así los conozca la gente y vean "si siguen siendo tan valientes para insultar".
En su programa mostró la fotografía y reveló la identidad de tres jóvenes usuarios de Twitter, y prometió revelar también la identidad del usuario de Facebook y Twitter "Crudo Ecuador" advirtiendo: "Vamos a encontrar a esta persona para ver si es tan jocoso cuando todo el mundo sepa quien es (...) para ver si sigue siendo tan valiente este tipo (...) es un simple cobarde que se esconde en el anonimato para insultar y desfogar sus odios" (...) "es un cobarde y pronto sabremos quien es y lo conocerá el país".

Luego de estas declaraciones, el administrador de dicha cuenta recibió amenazas que atentan contra su integridad física, así como mensajes de simpatizantes del gobierno diciendo que “le darán su merecido”. Correa anunció además la creación de la página web "Somos Más" para contrarrestas las "campañas de difamación" en contra de su gobierno anticipando que a través del portal se organizarán "para rebatir tanta infamia en redes sociales" enviando hasta 10 mil mensajes de seguidores de la denominada "Revolución Ciudadana" diciendo la verdad.

El tono amenazante y el evidente abuso de su poder público tras realizar estas declaraciones, constituyen un gravísimo ataque a la libertad de expresión, el cual es categóricamente condenado por REDLAD. Este se suma a una serie de acciones que han venido ocurriendo en los últimos años como incautación de medios de comunicación, juicios civiles y penales contra periodistas, aprobación de normativa restrictiva de derechos fundamentales, persecución a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros. Esto ha dado como resultado un entorno en el que los ciudadanos se autocensuran, en el que la prensa no investiga por temor a represalias, y donde incluso los caricaturistas son procesados por sus dibujos.

De acuerdo a un informe de Fundamedios, organización de promoción y defensa de la libertad de expresión en Ecuador, el año 2014 se configura como el periodo con más agresiones directas para el ejercicio del periodismo y las libertades en el Ecuador con 253 ataques reportados de un total de 1031 desde 2008. Estas agresiones se agrupan principalmente en grandes grupos:

(1)  Decisiones judiciales arbitrarias, como por ejemplo sanciones impuestas por a través de la ley mordaza, que incluyen sentencias de Corte Suprema e imputaciones contra trabajadores de medios de comunicación;
(2)  Agresiones verbales a periodistas, opositores o simples ciudadanos por parte del Presidente o miembros del Gobierno, principalmente a través de los llamados “enlaces ciudadanos”;
(3)  Uso abusivo del poder estatal, tales como cadenas televisivas destinadas a descalificar a periodistas; o detenciones arbitrarias durante protestas;
(4)  Censura directa, a través de la suspensión de cuentas de Twitter, Facebook, o de la baja de videos de Youtube a través de un uso indebido e ilegal de las leyes de copyright y la contratación de una empresa de servicios legales llamada Ares Rights, dedicada a coordinar estos ataques

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD) condena el continuo avance de Rafael Correa contra la libertad de expresión, así como también el uso del poder público como instrumento de amedrentamiento, censura y promoción de la violencia; y llama a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa internacional a hacer eco de estas denuncias

SE AUTORIZA A MILITARES EL USO DE ARMAS DE FUEGO PARA EVITAR “DESORDENES”

29 de enero 2014.
 
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la entrada en vigencia, el pasado martes 27 de enero, de la Resolución No. 008610 del Ministerio de la Defensa de Venezuela estableciendo un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye "el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal", como último recurso para "evitar desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión".

Esta disposición norma contraviene al artículo 68 de la Constitución de Venezuela que consagra la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para controlar manifestaciones pacíficas. Además, la resolución contraría estándares establecidos en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos emitido en el 2009. Este informe determina que la policía civil será la única encargada de “combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno” dado al carecimiento de entrenamiento de seguridad ciudadana por parte de la fuerza armada.

Es importante remarcar que los derechos de reunión y libertad de expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

• Condena la inconstitucionalidad en la Resolución 008610 y exige su derogación.
• Señala el peligro a la libertad de asociación y expresión.
• Rechaza toda medida que violente el derecho a la vida.

21 de enero de 2015

MUERTE SOSPECHOSA DE FISCAL EN ARGENTINA

21 de enero 2015.
 
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la muerte sospechosa del fiscal argentino Alberto Nisman, quién durante más de 10 años investigó el mayor atentado terrorista en la historia de Argentina y que a pocas horas de su defunción se presentaría ante el Congreso con supuestas pruebas de encubrimiento en contra de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner  y de altos mandatarios de su Gobierno.

Argentina, siendo el país con mayor población judía en Latinoamérica, en 1992 se convirtió por primera vez en blanco terrorista; una bomba en la Embajada de Israel dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos.  Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires sufrió un atentado, dejando a 85 personas sin vida y a 300 personas heridas.

Después de un largo tiempo de investigaciones, la justicia argentina incriminó al Estado Iraní por dar apoyo al grupo terrorista Hezbollah en el atentado de la AMIA. En 2007 Interpol ratificó las conclusiones de Argentina y ordenó la captura de los fugitivos.

Tras la negativa de Teherán sobre la extraditación de los acusados, en 2013 el gobierno de Cristina Kirchner firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, el cual fue aprobado en el poder legislativo nacional con un alto grado de oposición de los sectores no oficialistas fundamentalmente por dejar de lado parte de la jurisprudencia de la justica nacional y crear una Comisión de la Verdad integrada por ambos países que cooperaría en la investigación, desvalorizando lo avanzado por la justicia argentina. El objetivo de la administración nacional era avanzar en la investigación pero nunca entró en vigencia a falta de la aprobación del Parlamento Iraní.

Luego de meses, el 14 de enero del presente año, el fiscal Nisman denuncia que “la decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní acusados por el atentado terrorista del 18 de Julio de 1994, como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada, principalmente por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman.

Así mismo, las pruebas examinadas revelan la intervención activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de participación y responsabilidad que la pesquisa deberá precisar, entre los que cabe mencionar a Luis Ángel D’Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussul” Khalil, el Diputado Nacional Andrés Larroque, el Dr. Héctor Luis Yrimia y, un individuo identificado como “Allan”, que ha desempeñado un rol por demás relevante en los hechos, que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación y según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría del Sr. Ramón Allan Héctor Bogado”. Luego de dicha acusación, miembros del poder ejecutivo y representantes del sector político descalificaron a la denuncia y al fiscal.

Alberto Nisman debía presentarse el 19 de enero por la tarde en el Congreso Nacional para explicar la denuncia y presentar las evidencias de su investigación. Pocas horas antes de la audiencia, fue encontrado muerto a causa de un disparo de un arma calibre 22, y las primeras pericias generan falta de certezas sobre la muerte del fiscal.

Frente a esta situación que afecta a las instituciones de la República Argentina, el Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):
• Exige que se resguarden las investigaciones hechas por Nisman, que se le den seguimiento a las mismas y que los resultados a los que se arriben sean públicos.
•  Exige por el bien de la República y la Democracia argentina,  el  esclarecimiento de las circunstancias de la muerte del fiscal.
• Señala con preocupación la falta de nitidez del proceso de investigación que hubiera merecido el mayor atentado en la Argentina.
• Alerta sobre el accionar de los tres poderes, los partidos políticos y el manejo sesgado del caso por  la mayoría de los medios, tanto oficiales como opositores.
• Hace un llamado a la comunidad argentina e internacional a bregar por el mayor funcionamiento del Estado de Derecho en Argentina.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

Ver denuncia completa en: http://goo.gl/svQD2u