21 de noviembre de 2016

Noticias de nuestros miembros

  • La CIDH ha tomado a bien la convocatoria a una Audiencia para los pueblos indígenas de la península de Yucatán, México. Esta es la primera vez que se realizarán una audiencias  para los pueblos indígenas de la península y finalmente podrá ser escuchada su voz el 5 de diciembre en la ciudad de Panamá.
  •  Marta Gaba, integrante de nuestra red y coordinadora de Ciberactivismo, ha preparado este manual sobre uso de Redes Sociales para partidos políticos para Red Innovación del National Democratic Institute (NDI) y  Cedice Libertad, ha publicado este manual de redes sociales para parlamentarios el cuál ha resulado todo un exito para la comunicación y accountability con sus votantes.  

Participación en audiencias de la CIDH – Nicaragua

Ante la preocupación por la situación restrictiva en Nicaragua, la red apoyó al Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua para que pudiese asistir a las Audiencias de la CIDH y presentar un informe conjunto entre varias organizaciones sociales, en la cual cada una de las organizaciones retomó un área temática en la que se están violentando los derechos en Nicaragua. Lamentablemente, no se contó con la participación del Gobierno: lo cual no solo bloquea los mecanismos nacionales e internacionales para el diálogo sino también evidencia la poca apertura del Gobierno hacia el cumplimiento de los DDHH.

La participación especifica que apoyamos a su representante trató sobre la situación nacional de las mujeres, señalando los feminicidios, las muertes maternas a falta de apoyo en la interrupción del embarazo, desaparición administrativa de Comisarias de las mujeres, desigualdad y exclusión de las mujeres en trabajos públicos.


Por otro lado, la representante participó en diversas y cumplió con objetivos de la visita que eran: Exponer la situación de derechos humanos de Nicaragua 2. Presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la lectura compartida 3. Exponer la peligrosa situación en que se encuentran defensores y defensoras de derechos humanos 4. Exponer ante distintas instituciones y organizaciones el riesgo potencial que implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos y la vida. 5. Hacer uso de los mecanismos de derechos humanos internacionales a fin de activar todos los instrumentos que privilegian las respuestas cívicas.

Pulso Ciudadano

En alianza con Fundación Ciudadanía y Desarrollo, mantenemos el esfuerzo por lanzar periódicamente una revista con diferentes voces de la región. Para este periodo ya se ha lanzado el sexto, séptimo y octavo volumen, que recopilan 5 artículos de nuestro equipo: “CDIH, La justicia en bancarrota”, “Participación de Sociedad Civil en Jaque”, “Implementación multisectorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, “Sobre los informes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres” y “Ninis en Latinoamérica” y de nuestros miembros: “¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?, “El eslogan de la reforma electoral” y “Justicia en Panamá”.

Reunión del Consejo Coordinador


En el 2016 se tenía previsto realizar la Asamblea General de Miembros, sin embargo, por diversas causas esto no fue posible. Es por eso que se consideró de vital importancia realizar una reunión de coordinadores para poder revisar la acción actual de la Red y la planeación básica de las próximas acciones. Ahora bien, teniendo en cuenta los recursos disponibles se tuvo que elegir a los coordinadores con mayor participación para invitarlos a reunirse el 3 y 4 de septiembre en Bogotá. 

Al iniciar la reunión se toma nota que hay quorum para poder tomar decisiones en nombre del Consejo Coordinador. En esta reunión se ratifica a Rosa Quintana como Coordinadora General interina y se incorpora a Hernando Viveros como Coordinador de Sub Región Norte. Surge la inquietud por homogenizar las dos personas jurídicas que posee la red, por reactivar una red de jóvenes, buscar una forma que los miembros se integren más activamente a la red, someterse a una auditoría internacional, incorporar nuevas líneas de financiación y hacer una reingeniería institucional.

Para esta última tarea se resuelve crear una plaza para un consultor que se dedique a evaluar lo planeado. Dentro de las plazas que abrirá la red, se visualiza la necesidad de tener una persona responsable del levantamiento de fondos. Para la financiación de estas necesidades extras y para poseer un fondo propio de la red, se inicia la recaudación de donaciones voluntarias de sus miembros.

En el área de comunicaciones, se reconoce que la red debe aprovechar las actividades in loco para proyectarse y así tener más visibilidad. También, que se puede aprovechar los recursos cinematográficos que tienen los miembros para crear material audiovisual que pueda ser la voz de muchas personas de la región. Así mismo, es importante la creación de una memoria institucional que pueda servir de respaldo al exterior de la red.


Ante la proximidad de la Asamblea, se acordó crear un comité de apoyo a la gestión para la implementación de acciones pertinentes hasta la nueva elección de autoridades. Este comité posee la autoridad de tomar decisiones pertinentes a la organización de la Asamblea, así como la toma de decisiones políticas de la red hasta la próxima Asamblea. Se acuerda que la convocatoria a la Asamblea tiene que hacerse hacia la segunda semana de mayo.

Programa de visitantes Cuba-Colombia


Gracias a una alianza entre Redlad y People in Need, pudimos probar una propuesta piloto de programa de visitantes de activistas cubanos a Colombia mediante el cual se logró hacer un proceso de fortalecimiento de capacidades de seis activistas cubanos, que no sólo recibieron talleres en muy diversos temas sino también participaron en visitas, charlas con otras organizaciones y movilizaciones ciudadanas del proceso de paz.

Este fue un proceso sumamente enriquecedor que nos da pistas sobre la mejor forma de aproximarnos a los retos que enfrentan los activistas cubanos y la sociedad civil cubana. Gracias a la reputación de nuestra red, se pudo contratar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos para una introducción al Sistema Interamericano, su estructura y las medidas cautelares. También se tuvo una jornada de entrenamiento en manejo, evaluación y monitoreo de proyectos; luego se tuvo una jornada con Confederación Colombiana de ONG’s que buscaba exponer con contexto legal de las OSC en Colombia y compartir experiencias de cómo se hace frente a las restricciones en Colombia.


Muy importante también, se invitó al director regional de Twitter para que pudiera darles un entrenamiento sobre el uso de redes sociales y cómo poder hacer para proteger sus cuentas en twitter. Dado a la cercanía del plebiscito de los acuerdos de paz en el país, también se comunicaron con nuestra periodista experta en observación electoral, Gemma Cassadevall y visitó a Viva la Ciudadanía y MOE para que pudieran tener acceso a la experiencia a otro tipo de votaciones y que pudieran conocer sobre el contenido de los acuerdos que estaban en juego. 

Monitor Cívico


Redlad ha formado una alianza con CIVICUS para colaborar en El Monitor de Espacio Cívico, que es una plataforma que busca hacer una evaluación de la situación del ambiente habilitante en todo el mundo. Los ejes para evaluar la situación son la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, libertad de asociación y un eje transversal que es la capacidad del Estado para proteger esas libertades. De acuerdo a la situación del ambiente habilitante, los países se clasifican en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto.

Esa clasificación se otorga haciendo un análisis de diferentes fuentes de información como: entrevistas a activistas locales, encuestas, revisión de prensa, revisión de otros índices nacionales e internacionales, artículos académicos y oficiales, y otros reportes de CIVICUS sobre los países. Para tener una visión lo más cercana y acertada posible a los países, CIVICUS desarrolló una red de investigadores en diferentes lugares del mundo a los cuales les asignó la evaluación de un grupo de países tomando en cuenta la cercanía geográfica y de trabajo que cada una de las organizaciones tiene. En el caso de REDLAD, los países asignados son: Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, El Salvador, Bolivia, y Panamá. El mapa final del Monitor puede ser consultado en https://monitor.civicus.org/


El Monitor Cìvico fue lanzado oficialmente este mes de noviembre, por lo que el 2 de noviembre Redlad convocó a las otras organizaciones de la región que reportan al monitor, para hacer un análisis de los avances y retrocesos que el espacio cívico ha tenido en la región, en un webbinar que puede consultarse en este link

Campaña promoción del voto proceso de paz Colombia


Por medio de nuestras redes sociales estuvimos impulsando campañas de incidencia, una de es una campaña por la Paz en Colombia. La campaña de “Yo sí quiero la paz” ha llamado mucho la atención en nuestras redes sociales causado principalmente por el grado de identificación en los colombianos.

La estrategia consistía en plasmar pensamientos genéricos de por qué la gente querría la paz en Colombia, así como mostrar casos particulares de cómo impactó los diferentes fenómenos de violencia en el país con el objetivo de generar procesos de reflexión sobre el proceso de paz y el voto informado. Para ello, se construyeron piezas de comunicación web y gif que fueron difundidos en las redes de Redlad y de otros miembros en Colombia como Ocasa. Entre los productos se construyeron infografías, gifs con historias de paz, etc. Es este link se pueden ver los productos producidos  http://www.yosiquierolapaz.com/  

Incidencia ante la OEA

Por convocatoria de la Oficina de relacionamiento con sociedad civil de la OEA, Redlad fue invitada el 15 de septiembre a participar en una reunión de evaluación de las acciones preparadas para Sociedad Civil y actores sociales en la Asamblea del 2016. En ella estuvieron presentes representantes de ocho organizaciones regionales, que han tenido experiencias de participación en diversas Asambleas.

Desde la experiencia de las organizaciones se mencionó que el formato existente hasta el momento no resiste más Asambleas. Que se requiere modificarlo para: i)mejorar aspectos logísticos asociados principalmente con el registro y acreditación de las organizaciones, así como con la existencia de baños neutros y esquemas de seguridad que impidan el ataque a activistas LGBTI, ii) escoger temas de discusión concretos y cerrados, no tan amplios que permitan la división en grupos poblacionales que favorecen el saboteo por parte de organizaciones anti derechos, iii) realizar procesos de diálogo multi actor en los que se pueda avanzar en un diálogo real entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para establecer prioridades conjuntas y construir planes de acción concretos y alcanzables, de la Sociedad Civil en el marco de la reunión del Comité Directivo del Movimiento Mundial por la Democracia que se realizaría a final de Septiembre.

Por su parte, el 14 de octubre, Redlad fue invitada a participar en un diálogo con el Embajador permanente de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, de cara a la preparación que el país está haciendo para la Asamblea general de la OEA del 2017. En esta se presentaron los análisis que se hacen de sociedad civil de los espacios de Asambleas pasadas, y se inicia un diálogo que pretende presentar al gobierno mexicano insumos para la agenda y avance de la Asamblea.

Por otro lado, la Red nominó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para el Premio Palmer a una carrera diplomática en favor de los derechos Humanos. El premio le fue entregado en una ceremonia realizada en septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sigue avanzando el proyecto PASCA

Coordinación LGTBI

Ante una reunión en el marco de la asamblea General de la OEA República Dominicana, dirigida por el coordinador temático, Andrés Rivera (Chile), y asistida por Tamara Adrián de Venezuela y Ronald Céspedes de Bolivia (miembros de la Red), se decidió realizar una reunión para la planificación estratégica de 4 a 6 años. El objetivo de la reunión no sólo identificar la misión y visión del área de diversidad sexual de la Red, sino establecer responsables y planes de trabajo concretos para avanzar en ejercicios de incidencia.

Se considera elemental tener planes de incidencia ante la OEA, Naciones Unidas y Banco Mundial, pensando en la presentación de informes, participación en las comisiones de expertos. Además, se considera necesario el insertar la agenda LGBTI de forma transversal en el mecanismo de participación de la OEA que se está construyendo y en las agendas nacionales, subregionales y hemisféricas de sociedad civil.


La actividad se realizará en Santiago de Chile del 28 al 30 de noviembre. Además de la reunión de activistas LGBTI se realizará un diálogo entre líderes del movimiento LGBTI en la región y representantes de comunidades de fe o religiones que desde el reconocimiento de la diversidad quieren avanzar en estrategias conjuntas de defensa de derechos adquiridos en la región.

18 de noviembre de 2016

Coordinación Afro

También en el marco de la asamblea General de la OEA República Dominicana, el coordinador de pueblos Afrodescendientes REDLAD, Luís Olave, se reunió con 9 personas de 6 países , para elaborar su planificación de trabajo 2016-2017 con el objetivo de crear un espacio permanente para hacer incidencia desde sociedad Civil en los foros internacionales de los acuerdos y agendas de los Afrodescendientes de las Américas.

Se nombraron representantes y se procedió a plantear objetivos generales y específicos, y una lista de actividades propuestas de acción dentro de los cuales podemos encontrar: campañas contra el Racismo, discriminación racial y xenofobia; dar seguimiento al cumplimiento de las agendas planteadas por la OEA en los temas Afro y a los objetivos del milenio con enfoque diferencial Afrodescendiente; fortalecer la articulación con las organizaciones locales en cada país, poner especial atención al racismo estructural, recuperar lo que ya hay, fortalecer la identidad, reducir la estigmatización, discriminación y xenofobia y generar un llamado de atención a la falta de recursos para ejecutar el  plan de acción Decenio Afro OEA.

De la misma manera, el pasado 15 de noviembre se realizó en Bogotá una reunión con representantes de organizaciones que trabajan en temas de salud de afrodescendiente en la región. Participaron 29 personas de la región Andina y Centroamérica, que dialogaron sobre los espacios de incidencia de las comunidades afro en el sistema internacional, y especialmente en la OEA.

Por otro lado, la oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, el NDI y Redlad, también por invitación del coordinador de pueblos afro, decidieron unir esfuerzos en Colombia para la creación de una acción afirmativa de la Policía Nacional por el pueblo afrodescendiente, raizal, negro y palenquero, que tomará vida como un manifiesto de aplicación al interior de la policía. Esto teniendo en cuenta que en un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] sobre la situación de las personas afrodescendientes en las Américas señala (tomado literal, páginas 50 a 54):

·         “El establecimiento de perfiles raciales comprende la práctica de los agentes de policía y otros encargados de hacer cumplir la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico”.
·         “El cumplimiento del derecho a no ser discriminado depende en mucho de los agentes de seguridad que ejercen poderes de policía, especialmente, a través de los poderes de detención o arresto”.
·         “La CIDH ha recibido información sobre la detención selectiva de personas afrodescendientes, a partir de la utilización de perfiles raciales, vigilancia policial injustificada e interacciones negativas con la policía”.
·         “las y los expertos (consultados …) subrayaron la importancia de recolectar datos y realizar investigaciones sobre el establecimiento de perfiles raciales (…), y que cuanto mayor es la discrecionalidad del agente, mayor es la utilización de estereotipos”.
·         “resaltaron la importancia de trabajar con academias de policías para modificar esta noción de ‘individuo sospechoso’ y (…)eliminar el etiquetamiento según el cual, las duras condiciones de vida que deben afrontar los afrodescendientes, los haría más proclives a la comisión de delitos”. 
·         “las y los expertos señalaron la (…) la importancia de que la policía funcione como un elemento de transformación social y factor de promoción de la igualdad y se favorezca una perspectiva según la cual las fuerzas de seguridad entiendan su rol como protectoras de los derechos humanos”.
Redlad decidió acompañar el proceso de recolección de insumos para la construcción del manifiesto, que se realizó mediante la realización de nueve mesas de trabajo en cinco ciudades del país, que contaron con la participación de aproximadamente 400 personas, entre civiles y uniformados.

En las mesas de trabajo se buscó indagar sobre el actuar policial en el momento de tratar con afro colombianos, con el fin de identificar estereotipos que pudiera reforzar la relación negativa entre la policía y la comunidad. La firma del manifiesto tendrá lugar el día 2 de diciembre, en Bogotá, y Redlad está produciendo un video que muestre el proceso como una buena práctica para otros países.




[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La situación de las personas afrodescendientes en las Américas, 5 de diciembre de 2011. Puede consultarse en: https://www.oas.org/es/cidh/afrodescendientes/docs/pdf/afros_2011_esp.pdf



Coordinación de Pueblos Originarios


El 13 de junio, en el marco de la asamblea General de la OEA República Dominicana, los coordinadores de pueblos originarios de la Red Rommel González (México) y Nelson Kantule (Panamá) participaron en las actividades de la Asamblea, y en acciones de articulación del mecanismo de participación de sociedad civil en la OEA que está liderando Redlad mediante su proyecto Pasca.

Como resultado de esa actividad, avanzaron en una propuesta de recolección de insumos sobre las necesidades y demandas de las comunidades indígenas. Para esto, se realizó el el 2, y 3 de agosto un nuevo encuentro, en ciudad de Panamá . Dicha actividad fue también liderada por los Coordinadores. Como insumo preparatorio, se revisó la declaración de pueblos indígenas recientemente aprobada por la OEA (Asamblea 2016, Santo Domingo, República Dominicana) y un documento resumen sobre la participación que grupos poblacionales, incluyendo los pueblos indígenas, han  tenido en la OEA, que parte de una investigación que realizó Redlad. En la reunión participaron 15 personas, de 12 organizaciones y seis países (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Paraguay).

La reunión también tenía el objetivo de identificar en un primer diseño de las prioridades para la Agenda que deben de adoptar los Gobiernos con respecto a los Pueblos y Naciones Indígenas; y un directorio de quienes estarían dispuestos a participan en procesos de diálogo y consulta con la OEA. Al finalizar, se propone una fecha para una reunión de seguimiento en el 2017.



12 de noviembre de 2016

Redes sociales para parlamentarios. Guía para entender las alianzas entre políticos y ciudadanos en la era digital

Marta Gaba, miembro de nuestra red y coordinadora de Ciberactivismo , ha preparado este manual sobre uso de Redes Sociales para partidos políticos para Red Innovación del National Democratic Institute (NDI).  

29 de agosto de 2016

Resumen de Asamblea 2013 en Honduras

La III Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) bajo el lema de “Democracia Incluyente” ha tenido por objetivo el facilitar un encuentro de diálogo entre líderes de la sociedad civil de las Américas, los participantes de la Red e invitados/as especiales que permita intercambiar ideas/estrategias, contribuir a la solidaridad regional e impulsar nuevas estrategias para la promoción e impulso de la democracia en Latinoamérica y el Caribe.  De igual forma la Asamblea es el foro regional para la reunión de organizaciones de la sociedad civil y diversos liderazgos de la sociedad civil y la sociedad política de la región para presentar recomendaciones temáticas para atender las diversas prioridades de las Américas en materia de democracia, estado de derecho, desarrollo social, grupos vulnerables, derechos humanos, entre otros.  Se invitó a un nutrido grupo de jóvenes líderes para apoyar en el esfuerzo de configurar una Red de Jóvenes en Latinoamérica para la promoción de la democracia, Red Democracia Joven de las Américas.

Las redes son un mecanismo efectivo para lograr fortalecer los procesos democráticos y  lograr escenarios más participativos para una mayor inclusión. El intercambio de experiencias, buenas prácticas, ideas y herramientas entre organizaciones y miembros de la sociedad civil facilita que se desarrollen estrategias positivas que llevan al mejoramiento del funcionamiento de las instituciones, del estado de derecho, de los programas de apoyo y de muchas otras iniciativas en cada uno de los países. La democracia requiere de actores que la nutran y que sirvan de vasos conductores entre diversos sectores.

La reunión es un espacio propicio para el dialogo y el desarrollo de iniciativas conjuntas que fortalezcan la democracia y contribuyan a la mejor defensa de la sociedad civil y la garantía del derecho de asociación y el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos en nuestro continente. Un espacio de encuentro entre más de 330 organizaciones, 600 liderazgos de todas las tendencias ideológicas y de todos los sectores y una plataforma de acción entre sociedad civil, instituciones y gobierno.


El proyecto ejecutado incluyo la Organización de una Asamblea/Encuentro y conferencia con talleres participativos de organizaciones de la sociedad civil y líderes de las Américas para intercambiar experiencias, reflexionar de los retos en la región y aportar recomendaciones regionales. Esta Asamblea se efectuara en Tegucigalpa, Honduras del 15 al 18 de Mayo de 2013 en colaboración con el Gobierno de Honduras y la OEA, así como con el trabajo local de Foro de Sociedad Civil de Honduras y la contribución del gobierno local, el Banco Central de Honduras, el Colegio de Abogados y organizaciones empresariales de Honduras (COHEP y otras). De igual forma incluye el impulso de una red de jóvenes de más de 85 jóvenes de toda la región con un encuentro el día previo a la asamblea y que se integren a la asamblea como tal, dentro de una estrategia inter-generacional.

11 de agosto de 2016

Reporte 1 - Panamá


Civic Space Monitor
Reporte #1
Panamá
2016-08-03

Libertad de asociación
Desde el punto de vista formal, el derecho de asociación en Panamá se encuentra protegido. La constitución panameña en el artículo 39 establece que “es permitido formar compañías, asociaciones, y fundaciones”. No obstante, el mismo artículo aclara que se permitirán siempre que “no sean contrarias a la moral o al orden legal”. A pesar de que no se identificaron casos de organizaciones de la sociedad civil que hayan sido obligadas a cerrar, el hecho de incluir la moral en la constitución, cuya definición varía según quien lo interprete, puede llegar a representar una amenaza para las OSC. Si la estabilidad política del país llegara a cambiar, de existir fuerzas interesadas en silenciar a la sociedad civil, ya tendrían una herramienta constitucional para hacerlo.

Ahora bien, desde el punto de vista material, el ambiente para el trabajo de las OSC en Panamá continúa siendo favorable. Esto lo reflejan las calificaciones que el país obtiene en los índices elaborados por la sociedad civil. En el reporte de Freedom House de la Libertad en el Mundo (2015), el país obtuvo 11 puntos sobre 12 en cuanto al derecho de asociación. En el Índice de Ambiente Habilitante elaborado por CIVICUS, el país se ubicó en la posición 44 sobre 109 países obteniendo una calificación de 0.57 en una escala de 0 a 1 siendo 1 las mejores condiciones para el trabajo de las OSC.

Aún así, en el último año fueron identificadas algunas dificultades para el trabajo de poblaciones específicas. En octubre de 2015, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos de las personas trans en Panamá, se pusieron en evidencia algunas situaciones que demuestran que aún existe discriminación contra esta población.

Los representantes de la comunidad trans de Panamá denunciaron que en el país es constante el hostigamiento por parte de la policía a través de la extorsión o la solicitud de favores sexuales. Además de una excesiva burocracia en el Tribunal Electoral - órgano encargado del registro civil y expedición de documentos de identidad - al momento de querer solicitar el cambio de sexo y nombre en la cédula que en muchos casos impide que el trámite pueda culminar con éxito. Estas situaciones ocasionan que estos grupos no puedan gozar de la totalidad de sus derechos, entre ellos el de asociación por el temor que genera la persecución y el hostigamiento de la policía.

Libertad de reunión pacífica
La protesta pacífica en Panamá no presenta ninguna represión en la mayoría de los casos, especialmente cuando se desarrolla en la capital. Sin embargo, en las áreas rurales fue donde se identificaron casos de represión policial cuando se trató de alzar la voz contra megaproyectos de generación de energía. En octubre de 2015, un grupo de habitantes de la zona de Panamá Oeste trató de impedir el transporte de un motor que buscaba ampliar la capacidad de producción de una termoeléctrica alegando que la cercanía de la planta estaba ocasionando problemas de salud a la comunidad. Esta protesta fue rápidamente reprimida por la policía la cual usó gases lacrimógenos para levantar el bloqueo de la vía.
Durante la represión, dos personas fueron capturadas y otra persona que intentó resistirse al arresto fue afectada por el uso de gas pimienta.

En mayo de 2016, miembros de la comunidad Ngäbe Buglé, fueron reprimidos por las fuerzas policiales luego de que se manifestaron por la decisión de inundar parte de su comarca por parte del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Periodistas de medios locales reportaron que algunos líderes indígenas fueron arrestados:
CjPE7oZWUAATqbL.jpg-large
Foto: Didier Hernán Gil (@periodistagil) / Diario Día A Día

Mientras que la Policía Nacional, en su cuenta de twitter, desmintió la represión y aclararon que su presencia en la zona era para garantizar la seguridad de los protestantes.
Captura de pantalla 2016-08-04 a las 3.02.09 p.m..png
Foto vía Twitter: @protegeryservir

Libertad de expresión
En lo corrido de 2016, los periodistas han tenido la capacidad de trabajar prácticamente sin ninguna restricción. Sin embargo, ha habido casos específicos de amenazas o persecución contra periodistas lo que explica la caída que ha tenido el país en algunos índices que miden la libertad de expresión en el mundo. En el reporte de la Libertad de Prensa (2016) elaborado por Freedom House, el país fue calificado de ‘parcialmente libre’, mientras que en el índice de Reporteros Sin Fronteras (2016), Panamá perdió 8 puestos con respecto a 2015, ubicándose en el puesto 91 sobre 180 países. La organización escribió sobre el país: “la cobertura de temas como la corrupción o las políticas gubernamentales puede desencadenar procesos legales por difamación” (RSF, 2016).

Ahora bien, lo descrito por RSF se evidenció en dos casos en los cuales dos medios de comunicación se vieron afectados por publicar artículos criticando o denunciando actuaciones de personajes de la vida política del país.

El primero ocurrió en diciembre de 2015 cuando un juez ordenó al Diario La Prensa, un medio local, a pagar una multa de 600,000 dólares estadounidenses a la empresa Transcaribe Trading Company. Esto, luego de una demanda que impuso la empresa contra el diario por un reportaje publicado en 2012 en el cual se denunciaba la adjudicación irregular de obras por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Luego en enero de 2016, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al diario Panamá América, otro diario local, pagar 25,000 dólares al ex Ministro Winston Spadafora luego de que el diario denunciara la utilización de recursos del Fondo de Inversión Social para la construcción de una carretera que benefició una finca del ex Ministro.

Finalmente, en junio, la periodista Ligia Arreaga Quinto denunció que recibió amenazas a su vida por las constantes denuncias que hace para mostrar los abusos de las hidroeléctricas en Darién y así evitar que esos proyectos se lleven a cabo en esa región.

En el informe presentado el 7 de abril de 2016, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció que, a pesar de los mencionados casos, la labor del periodista en Panamá sigue estando en su mayoría libre de riesgos y restricciones y que incluso un anteproyecto de ley que imponía fuertes restricciones a la libertad de expresión fue descartado en la Asamblea Nacional.

Descripción Monitor Cívico

Redlad ha formado una alianza con CIVICUS para colaborar en El Monitor de Espacio Cívico, que es una plataforma que busca hacer una evaluación de la situación del ambiente habilitante en todo el mundo. Los ejes para evaluar la situación son la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, libertad de asociación y un eje transversal que es la capacidad del Estado para proteger esas libertades. De acuerdo a la situación del ambiente habilitante, los países se clasifican en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto.

Esa clasificación se otorga haciendo un análisis de diferentes fuentes de información como: entrevistas a activistas locales, encuestas, revisión de prensa, revisión de otros índices nacionales e internacionales, artículos académicos y oficiales, y otros reportes de CIVICUS sobre los países. Para tener una visión lo más cercana y acertada posible a los países, CIVICUS desarrolló una red de investigadores en diferentes lugares del mundo a los cuales les asignó la evaluación de un grupo de países tomando en cuenta la cercanía geográfica y de trabajo que cada una de las organizaciones tiene. En el caso de REDLAD, los países asignados son: Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, El Salvador, Bolivia, y Panamá. El mapa final del Monitor puede ser consultado en https://monitor.civicus.org/

El Monitor Cìvico fue lanzado oficialmente este mes de noviembre, por lo que el 2 de noviembre Redlad convocó a las otras organizaciones de la región que reportan al monitor, para hacer un análisis de los avances y retrocesos que el espacio cívico ha tenido en la región, en un webbinar que puede consultarse en este link

En estos links se puede consultar el avance en cada país:

Acá algunas notas especiales que hemos publicado con información del Monitor:

Reporte 1 - Bolivia



Civic Space Monitor
2016-07-27
Reporte #1
Bolivia

Libertad de asociación
El 6 de julio de 2016 el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró constitucional la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que le da la potestad al poder ejecutivo de retirar la personalidad jurídica a organizaciones sociales que consideren no están trabajando por el desarrollo económico y social del país.

La Ley 351 establece los datos que debe registrar una organización de la sociedad civil (OSC) con el fin de obtener la personalidad jurídica (denominación, naturaleza, domicilio, objeto, miembros, etc). No obstante, en el Parágrafo II del Artículo 7, la ley establece que además de los requisitos anteriores, las OSC deben presentar un documento en el cual expliquen su aporte al desarrollo económico y social del país. Más adelante en la ley, en el artículo 14, se establece que se retirará la personalidad jurídica de las organizaciones sociales que no cumplan con la ley y que desarrollen actividades diferentes de todas aquellas mencionadas al momento del registro.

Lo anterior ha generado una sensación de incertidumbre entre las OSC ya que consideran que la ley deja un área gris a discreción del ejecutivo para determinar cuándo una OSC deja de aportar al desarrollo económico y social del país. Esta puede ser una herramienta legal que use el Gobierno para cerrar OSC que considere que no están alineadas con sus proyectos y seguir cerrando espacios para la sociedad civil en el país. Las organizaciones que más se pueden ver afectadas por esta decisión del Tribunal Constitucional son las organizaciones que trabajan por el medio ambiente debido a la política de Evo Morales de explotación de hidrocarburos.

El presidente Morales ya fue enfático en que expulsará del país a las OSC que se opongan a la explotación de hidrocarburos. En junio de 2015, durante la inauguración de un pozo petrolífero, declaró que si bien Bolivia tiene el deber de cuidar la madre tierra, también tiene el derecho de explotar los recursos minerales que tiene para mejorar las condiciones de vida de su población. Debido a eso, “ONG o fundación que se oponga a la explotación de hidrocarburos se irá de Bolivia” (Morales, 2015).

El hecho que la Ley 315 haya sido aprobada por el legislativo, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, y la actitud del presidente Morales frente a las OSC que trabajan temas medioambientales, permite concluir que la libertad de asociación está siendo fuertemente restringida en Bolivia. Existe una amenaza a esta libertad desde el Estado boliviano en su totalidad desde los tres poderes públicos.

Libertad de reunión pacífica
En el último año, dos grupos en específico han sufrido la represión policial en el desarrollo de sus marchas. A finales de abril, varios grupos de discapacitados marcharon desde Cochabamba hasta La Paz para exigirle al gobierno un aumento del subsidio que reciben de 11 a 72 dólares al mes. La marcha tenía como destino la Plaza Murillo, para concentrarse y protestar en frente de la Casa de Gobierno pero la policía bloqueó todas las vías de acceso a la plaza. Al intentar ingresar, la policía reprimió violentamente a los manifestantes. Durante todo el mes de mayo hubo una serie de protestas por los mismos motivos las cuales fueron reprimidas por las autoridades con el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y seis personas fueron capturadas.

Las comunidades indígenas también han sido víctimas de la represión policial. La más grave ocurrió el 18 de agosto de 2015 luego de que los protestantes bloquearan el acceso a un pozo petrolífero exigiendo que debía haber consulta previa antes de autorizar la explotación de recursos en zonas de reserva natural. Ante el uso de gas lacrimógeno, los indígenas levantaron el bloqueo y se resguardaron en una comunidad cercana donde los policías los siguieron, los golpearon y capturaron a 27 manifestantes incluyendo cuatro mujeres y dos menores de edad.

La compañía propietaria encargada de la explotación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), manifestó en un comunicado que la consulta previa no aplica debido a que ese pozo se encuentra en un terreno privado.

Estos casos reflejan la posición del gobierno de Evo Morales por darle prioridad a la explotación de hidrocarburos sobre el cuidado del medio ambiente. Cualquier organización o persona que trabaje por reivindicar el derecho de la tierra estará expuesta a represalias del gobierno nacional, ya sea con el cierre de la organización, o en el caso de la protesta, la represión.

Frente a esta situación, la Confederación Indígena de Bolivia presentó la denuncia ante la CIDH. El objetivo es incluir esta denuncia en el caso que ya se encuentra en la Comisión contra Bolivia por la represión contra la comunidad Chaparina ocurrida hace cuatro años.

Libertad de expresión
La acusación a periodistas por parte del presidente Evo Morales y su gobierno es una constante en Bolivia. Los casos más recientes ocurrieron el 7 de marzo de 2016 cuando el presidente Morales declaró que el representante de CNN en Bolivia es un narcotraficante investigado por la justicia boliviana y que ese medio de comunicación está al servicio del imperio y la dominación. El otro caso ocurrió el 19 de mayo cuando el ministro de la Presidencia acusó a cuatro medios de comunicación de pertenecer a una red de mentiras. Finalmente, el 18 de junio, el Vicepresidente del país amenazó con encarcelar a unos periodistas por difundir una nota donde contaban un escándalo sentimental entre el presidente Evo Morales y su expareja.

Lo anterior afecta directamente la libertad de expresión no sólo por el temor que genera el señalamiento por parte de un alto miembro del gobierno sino que en Bolivia la difamación continúa siendo un delito penal. Esto significa que esas acusaciones por parte del Gobierno pueden eventualmente convertirse en tiempo en la cárcel y finalmente lo que causa es una situación de autocensura. Sumado a esto, la constitución boliviana establece que es deber de los comunicadores promover “los valores éticos, morales y cívicos”. El problema es que estos conceptos no tienen una única definición y son de contenido subjetivo, por lo que el ejecutivo puede usar esta ambigüedad de conceptos para iniciar un proceso contra algún periodista o medio de comunicación.

Por otra parte, el presidente Morales recientemente anunció que iniciará un proyecto para regular el uso de redes sociales en Bolivia. Esto ocurrió luego de que ganara el “No” en el referéndum que se hizo para aprobar o rechazar una cuarta reelección de Morales y el presidente culpara a las redes sociales por la derrota en las urnas.

Todo lo anterior ilustra una situación en la cual la libertad de expresión enfrenta cada vez mayores retos en Bolivia y por decisiones y actuaciones del Gobierno se estrecha constantemente este espacio.