27 de julio de 2016

Reporte 1 - Nicaragua



Civic Space Monitor
Reporte #1
Nicaragua


Libertad de asociación
La libertad de asociación en Nicaragua está siendo fuertemente amenazada por el Estado a través del uso de instrumentos legales. A finales de diciembre del 2015, entró en vigor la Ley Nº 919 de Seguridad Soberana de Nicaragua. Esta ley le otorga la capacidad al poder ejecutivo de decidir qué temas o proyectos deben ser considerados de interés nacional y toda persona, organización o iniciativa que trabaje en contra de ese interés se puede considerar un enemigo del Estado. Esta ley también otorga la capacidad a las fuerzas policiales de intervenir comunicaciones de esos llamados “enemigos” del Estado a fin de proteger los ‘intereses nacionales’.

Frente a esta situación, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, denunció que esta ley limita el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses. Denis Darce, responsable de proyectos de la CPDH, explicó que si bien el ejercicio de estos derechos se venía limitando desde antes de entrar en vigor esta ley, ahora las fuerzas estatales tienen el amparo de la ley para cometer violaciones contra los DDHH. Explicó también que el peligro de esta legislación radica en la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos para determinar qué o quién no está alineado con los llamados intereses nacionales.

El 11 de febrero del 2016, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional la mencionada ley. CENIDH denunció que el concepto de “seguridad soberana” pone en riesgo conceptos como los de “seguridad ciudadana” o “seguridad democrática”. El director ejecutivo del CENIDH, Mauro Ampié, también llamó la atención en cuanto a que se “permitirá el espionaje por motivaciones políticas”.

El hecho de tener una ley con tales características viola el derecho de asociación porque pone en riesgo la seguridad y la intimidad de los activistas y defensores de DDHH en Nicaragua. Además es un desincentivo a asociarse para trabajar por intereses comunes ya que, al ser una ley de carácter penal, si una persona llega a ser considerada enemiga del Estado, podrá pagar la pena con cárcel.

Activistas sociales nicaragüenses que fueron consultados, denunciaron que otro mecanismo que usa el Estado para restringir el derecho de asociación es mediante la limitación de financiamiento. Los donantes nacionales e internacionales tienen prohibido apoyar personas u organizaciones que trabajan temas como el fortalecimiento de la democracia, construcción de ciudadanía, o temas medioambientales. Esta medida inició desde 2008 tras una serie de protestas masivas en contra del presidente Daniel Ortega. En ese momento, el gobierno declaró que se prohibiría que las ONGs reciban financiación extranjera para perseguir fines políticos. Esto llevó a la investigación de unas 700 organizaciones en Nicaragua por incumplir requisitos legales.

La consecuencia de lo anterior fue que los donantes internacionales enviaron sus recursos hacia otros países de la región, disminuyendo así los fondos disponibles en Nicaragua y sumiendo a las organizaciones en una crisis financiera y operativa.

Libertad de reunión pacífica
Esta libertad también se ha visto afectada en Nicaragua por la introducción de la Ley de Seguridad Soberana. Cuando una manifestación se considera que puede afectar los intereses nacionales o la seguridad de los nicaragüenses, el ejército y la policía tienen la capacidad de impedir el desarrollo de la misma. Junto con esto se viola entonces la libertad de libre tránsito porque se impide el desplazamiento de manifestantes de diferentes lugares del país a determinado punto de concentración por considerar que van a alguna manifestación o actividad que pone en riesgo la seguridad soberana.

Un ejemplo de lo anterior son las constantes protestas que se han desarrollado en contra del proyecto del Canal de Nicaragua. La marcha más representativa ocurrió el 28 de octubre de 2015 cuando hubo una movilización nacional hacia Managua, liderada principalmente por campesinos, que buscaban reivindicar su derecho a la tierra. Esta manifestación fue reprimida por fuerzas policiales con la utilización de diferentes métodos. Se usaron retenes que impidieron el paso de buses, contra marchas organizadas por el gobierno, la intimidación, y algunos manifestantes denunciaron la realización de tiros al aire para disuadir a los manifestantes. Esto ocurrió antes de que entrara en vigor la Ley de Seguridad Soberana, por lo que la sociedad civil nicaragüense teme que ahora por tener el amparo de la ley, la represión pueda ser más fuerte y volverse una constante.

Libertad de expresión
La constitución nicaragüense protege la libertad de expresión en los artículos 66, 67 y 68. En ellos se establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz, que no puede existir la censura, que los medios de comunicación están al servicio del pueblo y que el Estado evitará que estos sean sometidos a intereses extranjeros. Este último concepto, denuncian los periodistas nicaragüenses, es lo que puede permitir que exista censura por parte del Gobierno. “No estar sometidos a los intereses extranjeros” es una idea abstracta que puede ajustarse para iniciar medidas legales en contra de algún medio de comunicación.

Un mecanismo de censura muy utilizado por el gobierno de Ortega es el cese en la contratación de publicidad. Cuando un medio de comunicación es identificado como enemigo del Gobierno, deja de percibir ingresos por publicidad contratada por el Gobierno. El Estado es el principal cliente de los medios de comunicación en términos de publicidad, lo que supone una presión financiera una vez este cliente deja de contratar. Esto ha ocasionado que las críticas al Gobierno sean cada vez menores y la autocensura sea cada vez más común en el país.

Freedom House, en el reporte de Libertad de Prensa 2016, informó que el número de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación disminuyó en 2015 pero esto se debió principalmente a la autocensura que genera el miedo a perder los contratos de publicidad.

Sumado a esto, ha habido denuncias por la expulsión de periodistas extranjeros por cubrir temas sensibles para el gobierno de Ortega. Este fue el caso de un periodista belga que fue deportado a finales del 2014 mientras hacía una nota sobre las zonas del canal propuesto. Todo su material fue confiscado. El mismo día, periodistas españoles denunciaron amenazas por parte de la policía nicaragüense mientras hacían unas tomas en la misma zona propuesta del Canal y el día de la ceremonia de inauguración de las obras del Gran Canal a un grupo de periodistas extranjeros les fue prohibida la entrada.