11 de agosto de 2016

Reporte 1 - Bolivia



Civic Space Monitor
2016-07-27
Reporte #1
Bolivia

Libertad de asociación
El 6 de julio de 2016 el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró constitucional la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que le da la potestad al poder ejecutivo de retirar la personalidad jurídica a organizaciones sociales que consideren no están trabajando por el desarrollo económico y social del país.

La Ley 351 establece los datos que debe registrar una organización de la sociedad civil (OSC) con el fin de obtener la personalidad jurídica (denominación, naturaleza, domicilio, objeto, miembros, etc). No obstante, en el Parágrafo II del Artículo 7, la ley establece que además de los requisitos anteriores, las OSC deben presentar un documento en el cual expliquen su aporte al desarrollo económico y social del país. Más adelante en la ley, en el artículo 14, se establece que se retirará la personalidad jurídica de las organizaciones sociales que no cumplan con la ley y que desarrollen actividades diferentes de todas aquellas mencionadas al momento del registro.

Lo anterior ha generado una sensación de incertidumbre entre las OSC ya que consideran que la ley deja un área gris a discreción del ejecutivo para determinar cuándo una OSC deja de aportar al desarrollo económico y social del país. Esta puede ser una herramienta legal que use el Gobierno para cerrar OSC que considere que no están alineadas con sus proyectos y seguir cerrando espacios para la sociedad civil en el país. Las organizaciones que más se pueden ver afectadas por esta decisión del Tribunal Constitucional son las organizaciones que trabajan por el medio ambiente debido a la política de Evo Morales de explotación de hidrocarburos.

El presidente Morales ya fue enfático en que expulsará del país a las OSC que se opongan a la explotación de hidrocarburos. En junio de 2015, durante la inauguración de un pozo petrolífero, declaró que si bien Bolivia tiene el deber de cuidar la madre tierra, también tiene el derecho de explotar los recursos minerales que tiene para mejorar las condiciones de vida de su población. Debido a eso, “ONG o fundación que se oponga a la explotación de hidrocarburos se irá de Bolivia” (Morales, 2015).

El hecho que la Ley 315 haya sido aprobada por el legislativo, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, y la actitud del presidente Morales frente a las OSC que trabajan temas medioambientales, permite concluir que la libertad de asociación está siendo fuertemente restringida en Bolivia. Existe una amenaza a esta libertad desde el Estado boliviano en su totalidad desde los tres poderes públicos.

Libertad de reunión pacífica
En el último año, dos grupos en específico han sufrido la represión policial en el desarrollo de sus marchas. A finales de abril, varios grupos de discapacitados marcharon desde Cochabamba hasta La Paz para exigirle al gobierno un aumento del subsidio que reciben de 11 a 72 dólares al mes. La marcha tenía como destino la Plaza Murillo, para concentrarse y protestar en frente de la Casa de Gobierno pero la policía bloqueó todas las vías de acceso a la plaza. Al intentar ingresar, la policía reprimió violentamente a los manifestantes. Durante todo el mes de mayo hubo una serie de protestas por los mismos motivos las cuales fueron reprimidas por las autoridades con el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y seis personas fueron capturadas.

Las comunidades indígenas también han sido víctimas de la represión policial. La más grave ocurrió el 18 de agosto de 2015 luego de que los protestantes bloquearan el acceso a un pozo petrolífero exigiendo que debía haber consulta previa antes de autorizar la explotación de recursos en zonas de reserva natural. Ante el uso de gas lacrimógeno, los indígenas levantaron el bloqueo y se resguardaron en una comunidad cercana donde los policías los siguieron, los golpearon y capturaron a 27 manifestantes incluyendo cuatro mujeres y dos menores de edad.

La compañía propietaria encargada de la explotación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), manifestó en un comunicado que la consulta previa no aplica debido a que ese pozo se encuentra en un terreno privado.

Estos casos reflejan la posición del gobierno de Evo Morales por darle prioridad a la explotación de hidrocarburos sobre el cuidado del medio ambiente. Cualquier organización o persona que trabaje por reivindicar el derecho de la tierra estará expuesta a represalias del gobierno nacional, ya sea con el cierre de la organización, o en el caso de la protesta, la represión.

Frente a esta situación, la Confederación Indígena de Bolivia presentó la denuncia ante la CIDH. El objetivo es incluir esta denuncia en el caso que ya se encuentra en la Comisión contra Bolivia por la represión contra la comunidad Chaparina ocurrida hace cuatro años.

Libertad de expresión
La acusación a periodistas por parte del presidente Evo Morales y su gobierno es una constante en Bolivia. Los casos más recientes ocurrieron el 7 de marzo de 2016 cuando el presidente Morales declaró que el representante de CNN en Bolivia es un narcotraficante investigado por la justicia boliviana y que ese medio de comunicación está al servicio del imperio y la dominación. El otro caso ocurrió el 19 de mayo cuando el ministro de la Presidencia acusó a cuatro medios de comunicación de pertenecer a una red de mentiras. Finalmente, el 18 de junio, el Vicepresidente del país amenazó con encarcelar a unos periodistas por difundir una nota donde contaban un escándalo sentimental entre el presidente Evo Morales y su expareja.

Lo anterior afecta directamente la libertad de expresión no sólo por el temor que genera el señalamiento por parte de un alto miembro del gobierno sino que en Bolivia la difamación continúa siendo un delito penal. Esto significa que esas acusaciones por parte del Gobierno pueden eventualmente convertirse en tiempo en la cárcel y finalmente lo que causa es una situación de autocensura. Sumado a esto, la constitución boliviana establece que es deber de los comunicadores promover “los valores éticos, morales y cívicos”. El problema es que estos conceptos no tienen una única definición y son de contenido subjetivo, por lo que el ejecutivo puede usar esta ambigüedad de conceptos para iniciar un proceso contra algún periodista o medio de comunicación.

Por otra parte, el presidente Morales recientemente anunció que iniciará un proyecto para regular el uso de redes sociales en Bolivia. Esto ocurrió luego de que ganara el “No” en el referéndum que se hizo para aprobar o rechazar una cuarta reelección de Morales y el presidente culpara a las redes sociales por la derrota en las urnas.

Todo lo anterior ilustra una situación en la cual la libertad de expresión enfrenta cada vez mayores retos en Bolivia y por decisiones y actuaciones del Gobierno se estrecha constantemente este espacio.