11 de agosto de 2016

Reporte 1 - Panamá


Civic Space Monitor
Reporte #1
Panamá
2016-08-03

Libertad de asociación
Desde el punto de vista formal, el derecho de asociación en Panamá se encuentra protegido. La constitución panameña en el artículo 39 establece que “es permitido formar compañías, asociaciones, y fundaciones”. No obstante, el mismo artículo aclara que se permitirán siempre que “no sean contrarias a la moral o al orden legal”. A pesar de que no se identificaron casos de organizaciones de la sociedad civil que hayan sido obligadas a cerrar, el hecho de incluir la moral en la constitución, cuya definición varía según quien lo interprete, puede llegar a representar una amenaza para las OSC. Si la estabilidad política del país llegara a cambiar, de existir fuerzas interesadas en silenciar a la sociedad civil, ya tendrían una herramienta constitucional para hacerlo.

Ahora bien, desde el punto de vista material, el ambiente para el trabajo de las OSC en Panamá continúa siendo favorable. Esto lo reflejan las calificaciones que el país obtiene en los índices elaborados por la sociedad civil. En el reporte de Freedom House de la Libertad en el Mundo (2015), el país obtuvo 11 puntos sobre 12 en cuanto al derecho de asociación. En el Índice de Ambiente Habilitante elaborado por CIVICUS, el país se ubicó en la posición 44 sobre 109 países obteniendo una calificación de 0.57 en una escala de 0 a 1 siendo 1 las mejores condiciones para el trabajo de las OSC.

Aún así, en el último año fueron identificadas algunas dificultades para el trabajo de poblaciones específicas. En octubre de 2015, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos de las personas trans en Panamá, se pusieron en evidencia algunas situaciones que demuestran que aún existe discriminación contra esta población.

Los representantes de la comunidad trans de Panamá denunciaron que en el país es constante el hostigamiento por parte de la policía a través de la extorsión o la solicitud de favores sexuales. Además de una excesiva burocracia en el Tribunal Electoral - órgano encargado del registro civil y expedición de documentos de identidad - al momento de querer solicitar el cambio de sexo y nombre en la cédula que en muchos casos impide que el trámite pueda culminar con éxito. Estas situaciones ocasionan que estos grupos no puedan gozar de la totalidad de sus derechos, entre ellos el de asociación por el temor que genera la persecución y el hostigamiento de la policía.

Libertad de reunión pacífica
La protesta pacífica en Panamá no presenta ninguna represión en la mayoría de los casos, especialmente cuando se desarrolla en la capital. Sin embargo, en las áreas rurales fue donde se identificaron casos de represión policial cuando se trató de alzar la voz contra megaproyectos de generación de energía. En octubre de 2015, un grupo de habitantes de la zona de Panamá Oeste trató de impedir el transporte de un motor que buscaba ampliar la capacidad de producción de una termoeléctrica alegando que la cercanía de la planta estaba ocasionando problemas de salud a la comunidad. Esta protesta fue rápidamente reprimida por la policía la cual usó gases lacrimógenos para levantar el bloqueo de la vía.
Durante la represión, dos personas fueron capturadas y otra persona que intentó resistirse al arresto fue afectada por el uso de gas pimienta.

En mayo de 2016, miembros de la comunidad Ngäbe Buglé, fueron reprimidos por las fuerzas policiales luego de que se manifestaron por la decisión de inundar parte de su comarca por parte del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Periodistas de medios locales reportaron que algunos líderes indígenas fueron arrestados:
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Foto: Didier Hernán Gil (@periodistagil) / Diario Día A Día

Mientras que la Policía Nacional, en su cuenta de twitter, desmintió la represión y aclararon que su presencia en la zona era para garantizar la seguridad de los protestantes.
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Foto vía Twitter: @protegeryservir

Libertad de expresión
En lo corrido de 2016, los periodistas han tenido la capacidad de trabajar prácticamente sin ninguna restricción. Sin embargo, ha habido casos específicos de amenazas o persecución contra periodistas lo que explica la caída que ha tenido el país en algunos índices que miden la libertad de expresión en el mundo. En el reporte de la Libertad de Prensa (2016) elaborado por Freedom House, el país fue calificado de ‘parcialmente libre’, mientras que en el índice de Reporteros Sin Fronteras (2016), Panamá perdió 8 puestos con respecto a 2015, ubicándose en el puesto 91 sobre 180 países. La organización escribió sobre el país: “la cobertura de temas como la corrupción o las políticas gubernamentales puede desencadenar procesos legales por difamación” (RSF, 2016).

Ahora bien, lo descrito por RSF se evidenció en dos casos en los cuales dos medios de comunicación se vieron afectados por publicar artículos criticando o denunciando actuaciones de personajes de la vida política del país.

El primero ocurrió en diciembre de 2015 cuando un juez ordenó al Diario La Prensa, un medio local, a pagar una multa de 600,000 dólares estadounidenses a la empresa Transcaribe Trading Company. Esto, luego de una demanda que impuso la empresa contra el diario por un reportaje publicado en 2012 en el cual se denunciaba la adjudicación irregular de obras por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Luego en enero de 2016, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al diario Panamá América, otro diario local, pagar 25,000 dólares al ex Ministro Winston Spadafora luego de que el diario denunciara la utilización de recursos del Fondo de Inversión Social para la construcción de una carretera que benefició una finca del ex Ministro.

Finalmente, en junio, la periodista Ligia Arreaga Quinto denunció que recibió amenazas a su vida por las constantes denuncias que hace para mostrar los abusos de las hidroeléctricas en Darién y así evitar que esos proyectos se lleven a cabo en esa región.

En el informe presentado el 7 de abril de 2016, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció que, a pesar de los mencionados casos, la labor del periodista en Panamá sigue estando en su mayoría libre de riesgos y restricciones y que incluso un anteproyecto de ley que imponía fuertes restricciones a la libertad de expresión fue descartado en la Asamblea Nacional.