3 de diciembre de 2017

ALERTA: Veto del gobierno argentino a organizaciones de la sociedad civil



3 de diciembre 2017

Argentina se prepara para ser la anfitriona de la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se realizará del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires. En el marco de dicho evento hay un foro de sociedad civil en la que participan tanto organizaciones argentinas como de otras partes del mundo. Sin embargo, esta nueva edición de la conferencia se ha visto afectada por el veto del gobierno argentino, en cabeza de Mauricio Macri, a cerca de 60 organizaciones internacionales, expertos y activistas, como lo han denunciado la ONG británica Global Justice Now y Poder Ciudadano (capítulo nacional de Transparencia Internacional).


Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) vemos con enorme preocupación este precedente que el gobierno de Mauricio Macri ha sentado que puede verse luego replicado afectando gravemente la participación activa de la sociedad civil en organizaciones multilaterales y afecta el espacio cívico para el ejercicio ciudadano de control.

El gobierno argentino acude a descalificaciones temerarias sobre el rol de la sociedad civil y sus representantes indicando que “las distintas instancias de autorización de ingreso al país y a la conferencia, han identificado que algunas organizaciones no tenían voluntad contributiva sino más bien disruptiva respecto de su participación en la CM11, y por tanto se ha resuelto no permitir el ingreso a la Conferencia”, como registra el medio de comunicación argentino El Cronista en una nota publicada el día 1 de diciembre titulada “El Gobierno reconoce que prohibió la acreditación de ONGs a la OMC”.


REDLAD se une al reclamo de la sociedad civil nacional e internacional en la que se le solicita al gobierno argentino reconsiderar su veto a las organizaciones a las que se les ha negado el registro oficial.


Para la Red, como plataforma de organizaciones, activistas, líderes sociales y periodistas de toda la región, es un imperativo defender la participación ciudadana como derecho fundamental para la construcción de sociedad democráticas y plurales.